Piden ONG decretar alerta de género en Hidalgo por ola de feminicidios
Pidieron a la Secretaría de Gobernación que publique la propuesta de reforma al reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, realizada por integrantes del sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Ante los recientes casos de feminicidios ocurridos en el estado de Hidalgo, organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a las autoridades a decretar la alerta de violencia de género, para evitar que se convierta en un patrón sistemático de violencia contra las mujeres, como ha ocurrido en otras entidades.
Mediante un comunicado, recordaron que en México la violencia contra las mujeres ha tenido un aumento reiterado y generalizado en los últimos años, ya no se circunscribiéndose a Chihuahua únicamente, por el contrario, se ha generalizado por todo el país.
Según la Organización de las Naciones Unidas de 2007 a 2009 hubo un crecimiento del 68 por ciento de la tasa de muertes violentas de mujeres con presunción de homicidio a nivel nacional.
Asimismo, en 18 meses, de enero de 2011 a junio de 2012, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha documentado dos mil 35 asesinatos con características feminicidas y tres mil 976 casos de mujeres y niñas desaparecidas en 15 estados del país.
En Hidalgo la situación de violencia contra las mujeres es preocupante, ya que de acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría del Estado al OCNF, de 2009 a 2011, han ocurrido 93 asesinatos de mujeres.
En noviembre de 2011, la Fiscal Especial para la Investigación de Delitos en Agravio de Mujeres por Razón de su Género, María Concepción Hernández Aragón, declaró que al menos 21 averiguaciones previas fueron interpuestas por asesinatos contra mujeres sólo durante ese año.
La información proporcionada por la autoridad es incompleta, sin embargo, los datos proporcionados, permiten presumir que varios de estos asesinatos pueden ser feminicidios.
Sobre el lugar del hallazgo de las mujeres asesinadas, en el 50 por ciento de los casos, 46, el cuerpo de las mujeres fue encontrado en la vía pública, lugares despoblados, en una alcantarilla, canal de aguas negras, calles o carretera. La exposición de los cuerpos en espacios públicos, como modus operandi de los agresores, reflejan la trasgresión de los escenarios públicos ante la permisividad del Estado.
Sobre la situación jurídica de los casos, la autoridad reconoce que menos del 10 por ciento han sido consignadas y que en el 48 por ciento, 45 casos, están en integración. La autoridad no precisa cual es la situación de alrededor de 30 por ciento de los casos, lo cual es preocupante, por lo que la autoridad debe aclarar en qué proceso se encuentran.
Respecto a la edad de las víctimas, la autoridad revela que en el 65 por ciento de los casos, 60 desconoce la edad de ellas. El 18 por ciento, 17 casos, tenían entre 21 y 30 años, el 10, entre 11 y 20 años, y el 8, 8 casos, de 40 a 60 años.
No se cuenta con mayor información relativa al origen, lugar de domicilio u otra información sobre las características de las víctimas, lo cual es preocupante, por no contar la autoridad con indicadores suficientemente desagregados.
En cuanto a la problemática de mujeres desaparecidas, la Procuraduría informa que en el 2011 desaparecieron 86 mujeres en el estado de Hidalgo. La información proporcionada es insuficiente y no permite conocer cuántas ya fueron encontradas o cual es la situación jurídica de los casos. Por lo que se refiere a los datos de 2012, estos no han sido proporcionados al OCNF, a pesar de haberse solicitado.
Al referirse a la edad de las víctimas, se informa que oscila entre un año y 50. Los datos no son precisos, lo cual preocupa por ser un indicador que podría estar vinculado a las redes de trata por explotación sexual.
Según la investigación hecha por el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), en Puebla existen células de trata que tienen como lugar de destino a Hidalgo, siendo Pachuca, la principal ruta de traslado.
El OCNF ha identificado un patrón en los feminicidios, en el sentido que las mujeres asesinadas, previamente estuvieron desaparecidas, por lo cual es urgente que la autoridad se avoque a la investigación de los hechos para su esclarecimiento.
Aunado a esto, en los últimos 6 meses la situación de violencia hacia las mujeres se ha agudizado en Hidalgo. Se encontraron 8 cuerpos de mujeres, siete de ellas en el municipio de Tula y uno en el de Pachuca, en tres casos se presume una desaparición previa. Estos asesinatos no son hechos aislados y se identifican en ellos características feminicidas.
Según información publicada en prensa, las víctimas presentaban huellas de golpes y heridas de armas punzocortantes. De acuerdo con declaraciones de la Fiscal Especializada, tres mujeres fueron halladas con señales de sometimiento y una de ellas presentaba signos de violencia sexual.
El sometimiento y la trasgresión de los cuerpos de las mujeres se identifica en la forma como han sido encontradas las víctimas y las características de las lesiones. Los signos que no se limitan únicamente a violencia sexual, se manifiestan además en la ubicación y cantidad de heridas, excoriaciones, contusiones, fracturas, quemaduras, mutilaciones y cualquier otro tipo de agresión que dejan una huella material; reflejan el tratamiento degradante y/o destructivo del cuerpo de la mujer; así como la crueldad, la misoginia y la discriminación.
Las acciones para esclarecer los casos reflejan líneas de investigación poco claras y contradictorias. En un primer momento, la Fiscal Especializada declara que es poco probable la existencia de un asesino serial por no existir coincidencia en las situaciones, y posteriormente considera que las evidencias llevan a considerar dicha posibilidad.
Por otro lado, las primeras declaraciones de la policía municipal, el día 25 de enero, afirman que "se trata de un individuo de complexión robusta que usa barba de candado, usa la cabeza a rape y mide aproximadamente 1.85 metros, y supuestamente opera desde una lujosa camioneta tipo Avalanche, de color negra, en compañía de 2 sujetos.
Según los reportes de la Policía Investigadora y la PGJ estatal, se le atribuyen los tres recientes feminicidios ocurridos en la zona. Por su parte, en un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública el pasado jueves 31 de enero, se declara que "…se logró la detención de quienes reconocieron ser los autores intelectuales y materiales de los asesinatos que enlutaron a siete familias en la ciudad de Tula de Allende".
Por ello, consideraron alarmante que ante estos hechos prevalezca la concepción de que todos los asesinatos han sido cometidos por una sola persona y se excluyan de las investigaciones el contexto de discriminación y violencia estructural que viven las mujeres.
Explicaron que es fundamental tener acceso a los expedientes para conocer las características de violencia de género que presentan las víctimas, las acciones que se han realizado, particularmente a través de las actuaciones ministeriales y periciales para conocer la verdad de los hechos, los motivos que llevaron a la comisión de los presuntos feminicidios, y si existen antecedentes de desapariciones previas a los asesinatos.
Acusaron que la respuesta de las autoridades ante los asesinatos de mujeres ha sido insuficiente y poco coordinada, lo que se agrava por la falta de tipificación del delito de feminicidio como un delito autónomo que reconozca las "razones de género" como manifestaciones de discriminación y odio a las mujeres, a través de las cuales se materializa el feminicidio y que permiten diferenciarlo de un homicidio doloso y la ausencia de protocolos de investigación con perspectiva de género, de este delito
Ello a pesar de que el Comité para la Eliminación de todas la Formas de Discriminación CEDAW, ha recomendado al Estado mexicano, para que asegurar que la tipificación de feminicidio se base en elementos objetivos, se acelere la codificación en los códigos penales locales y se estandaricen los protocolos de investigación del feminicidio.
Los hechos de violencia feminicida ocurridos en el Estado de Hidalgo, dijeron, hacen necesaria una declaratoria de Alerta por Violencia de Género, a fin de evaluar la política pública que se ha implementado para prevenir, atender, sancionar y eliminar este tipo de asesinatos y desapariciones, y reconstruir el tejido social que se ha visto deteriorado por el contexto de violencia en la entidad.
Sin embargo, es necesario señalar que la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, a pesar de reconocer la violencia feminicida, no reglamenta adecuadamente a la Alerta de Género, como un mecanismo de protección colectiva, pues únicamente se remite al mecanismo previsto en la Ley General y su reglamento, el cual en la práctica ha demostrado su inefectividad, por contener una serie de candados que han impedido su implementación.
Hasta la fecha, la sociedad civil ha solicitado de manera formal la aplicación de este mecanismo en cuatro ocasiones, sin embargo, todas ellas han sido negadas por la falta de voluntad política de las autoridades y por los obstáculos impuestos mediante el propio reglamento, lo cual ha desembocado en que actualmente la Declaratoria de Alerta de Género sea vista por las autoridades como un golpe político o un castigo a las autoridades, quienes prefieren ocultar la problemática en lugar de generar acciones efectivas de coordinación para su erradicación.
Ante ello, pidieron al Poder Ejecutivo y Legislativo del estado de Hidalgo y en particular, a la Procuraduría General de Justicia el esclarecimiento de los asesinatos de mujeres en la entidad, a fin de que se conozcan con claridad los motivos y causas que llevaron a la comisión de los delitos y se identifique a los responsables.
La presentación de un informe detallado sobre las investigaciones que se han realizado y los elementos de prueba que existen para conocer la verdad de los hechos, acreditar el delito y la responsabilidad de los agresores.
Presenten una iniciativa de reforma legal, con el carácter de urgente, a fin de que se reconozca el tipo penal de feminicidio como un delito autónomo, que contenga elementos objetivos para su acreditación, de acuerdo con el tipo penal federal de feminicidio, en cumplimiento de las recomendaciones del comité CEDAW.
Esclarezcan los casos de las mujeres desaparecidas en la entidad, de forma que se conozca con claridad sus características y situación en que se encuentran, precisando, entre otras cosas, su edad y si se han encontrado o no con vida.
Establezca un mecanismo ágil de investigación de desapariciones, que coordine a las autoridades estatales y municipales y a éstas con las federales, mediante protocolos de búsqueda adecuados.
Proporcione la información referente a las mujeres desaparecidas durante el 2012, con indicadores desagregados que permitan evaluar la magnitud del fenómeno y expida un protocolo de investigación con perspectiva de género del feminicidio, con el objetivo de garantizar la debida diligencia en la investigación, de las autoridades procuradoras de justicia.
Además de que presente iniciativa de reforma a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, a fin de que se contemple el mecanismo de alerta de género y el procedimiento para su declaratoria que sea sencillo, rápido, efectivo, objetivo e imparcial.
Pidieron a la Secretaría de Gobernación que publique la propuesta de reforma al reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, realizada por integrantes del sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Mediante un comunicado, recordaron que en México la violencia contra las mujeres ha tenido un aumento reiterado y generalizado en los últimos años, ya no se circunscribiéndose a Chihuahua únicamente, por el contrario, se ha generalizado por todo el país.
Según la Organización de las Naciones Unidas de 2007 a 2009 hubo un crecimiento del 68 por ciento de la tasa de muertes violentas de mujeres con presunción de homicidio a nivel nacional.
Asimismo, en 18 meses, de enero de 2011 a junio de 2012, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha documentado dos mil 35 asesinatos con características feminicidas y tres mil 976 casos de mujeres y niñas desaparecidas en 15 estados del país.
En Hidalgo la situación de violencia contra las mujeres es preocupante, ya que de acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría del Estado al OCNF, de 2009 a 2011, han ocurrido 93 asesinatos de mujeres.
En noviembre de 2011, la Fiscal Especial para la Investigación de Delitos en Agravio de Mujeres por Razón de su Género, María Concepción Hernández Aragón, declaró que al menos 21 averiguaciones previas fueron interpuestas por asesinatos contra mujeres sólo durante ese año.
La información proporcionada por la autoridad es incompleta, sin embargo, los datos proporcionados, permiten presumir que varios de estos asesinatos pueden ser feminicidios.
Sobre el lugar del hallazgo de las mujeres asesinadas, en el 50 por ciento de los casos, 46, el cuerpo de las mujeres fue encontrado en la vía pública, lugares despoblados, en una alcantarilla, canal de aguas negras, calles o carretera. La exposición de los cuerpos en espacios públicos, como modus operandi de los agresores, reflejan la trasgresión de los escenarios públicos ante la permisividad del Estado.
Sobre la situación jurídica de los casos, la autoridad reconoce que menos del 10 por ciento han sido consignadas y que en el 48 por ciento, 45 casos, están en integración. La autoridad no precisa cual es la situación de alrededor de 30 por ciento de los casos, lo cual es preocupante, por lo que la autoridad debe aclarar en qué proceso se encuentran.
Respecto a la edad de las víctimas, la autoridad revela que en el 65 por ciento de los casos, 60 desconoce la edad de ellas. El 18 por ciento, 17 casos, tenían entre 21 y 30 años, el 10, entre 11 y 20 años, y el 8, 8 casos, de 40 a 60 años.
No se cuenta con mayor información relativa al origen, lugar de domicilio u otra información sobre las características de las víctimas, lo cual es preocupante, por no contar la autoridad con indicadores suficientemente desagregados.
En cuanto a la problemática de mujeres desaparecidas, la Procuraduría informa que en el 2011 desaparecieron 86 mujeres en el estado de Hidalgo. La información proporcionada es insuficiente y no permite conocer cuántas ya fueron encontradas o cual es la situación jurídica de los casos. Por lo que se refiere a los datos de 2012, estos no han sido proporcionados al OCNF, a pesar de haberse solicitado.
Al referirse a la edad de las víctimas, se informa que oscila entre un año y 50. Los datos no son precisos, lo cual preocupa por ser un indicador que podría estar vinculado a las redes de trata por explotación sexual.
Según la investigación hecha por el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), en Puebla existen células de trata que tienen como lugar de destino a Hidalgo, siendo Pachuca, la principal ruta de traslado.
El OCNF ha identificado un patrón en los feminicidios, en el sentido que las mujeres asesinadas, previamente estuvieron desaparecidas, por lo cual es urgente que la autoridad se avoque a la investigación de los hechos para su esclarecimiento.
Aunado a esto, en los últimos 6 meses la situación de violencia hacia las mujeres se ha agudizado en Hidalgo. Se encontraron 8 cuerpos de mujeres, siete de ellas en el municipio de Tula y uno en el de Pachuca, en tres casos se presume una desaparición previa. Estos asesinatos no son hechos aislados y se identifican en ellos características feminicidas.
Según información publicada en prensa, las víctimas presentaban huellas de golpes y heridas de armas punzocortantes. De acuerdo con declaraciones de la Fiscal Especializada, tres mujeres fueron halladas con señales de sometimiento y una de ellas presentaba signos de violencia sexual.
El sometimiento y la trasgresión de los cuerpos de las mujeres se identifica en la forma como han sido encontradas las víctimas y las características de las lesiones. Los signos que no se limitan únicamente a violencia sexual, se manifiestan además en la ubicación y cantidad de heridas, excoriaciones, contusiones, fracturas, quemaduras, mutilaciones y cualquier otro tipo de agresión que dejan una huella material; reflejan el tratamiento degradante y/o destructivo del cuerpo de la mujer; así como la crueldad, la misoginia y la discriminación.
Las acciones para esclarecer los casos reflejan líneas de investigación poco claras y contradictorias. En un primer momento, la Fiscal Especializada declara que es poco probable la existencia de un asesino serial por no existir coincidencia en las situaciones, y posteriormente considera que las evidencias llevan a considerar dicha posibilidad.
Por otro lado, las primeras declaraciones de la policía municipal, el día 25 de enero, afirman que "se trata de un individuo de complexión robusta que usa barba de candado, usa la cabeza a rape y mide aproximadamente 1.85 metros, y supuestamente opera desde una lujosa camioneta tipo Avalanche, de color negra, en compañía de 2 sujetos.
Según los reportes de la Policía Investigadora y la PGJ estatal, se le atribuyen los tres recientes feminicidios ocurridos en la zona. Por su parte, en un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública el pasado jueves 31 de enero, se declara que "…se logró la detención de quienes reconocieron ser los autores intelectuales y materiales de los asesinatos que enlutaron a siete familias en la ciudad de Tula de Allende".
Por ello, consideraron alarmante que ante estos hechos prevalezca la concepción de que todos los asesinatos han sido cometidos por una sola persona y se excluyan de las investigaciones el contexto de discriminación y violencia estructural que viven las mujeres.
Explicaron que es fundamental tener acceso a los expedientes para conocer las características de violencia de género que presentan las víctimas, las acciones que se han realizado, particularmente a través de las actuaciones ministeriales y periciales para conocer la verdad de los hechos, los motivos que llevaron a la comisión de los presuntos feminicidios, y si existen antecedentes de desapariciones previas a los asesinatos.
Acusaron que la respuesta de las autoridades ante los asesinatos de mujeres ha sido insuficiente y poco coordinada, lo que se agrava por la falta de tipificación del delito de feminicidio como un delito autónomo que reconozca las "razones de género" como manifestaciones de discriminación y odio a las mujeres, a través de las cuales se materializa el feminicidio y que permiten diferenciarlo de un homicidio doloso y la ausencia de protocolos de investigación con perspectiva de género, de este delito
Ello a pesar de que el Comité para la Eliminación de todas la Formas de Discriminación CEDAW, ha recomendado al Estado mexicano, para que asegurar que la tipificación de feminicidio se base en elementos objetivos, se acelere la codificación en los códigos penales locales y se estandaricen los protocolos de investigación del feminicidio.
Los hechos de violencia feminicida ocurridos en el Estado de Hidalgo, dijeron, hacen necesaria una declaratoria de Alerta por Violencia de Género, a fin de evaluar la política pública que se ha implementado para prevenir, atender, sancionar y eliminar este tipo de asesinatos y desapariciones, y reconstruir el tejido social que se ha visto deteriorado por el contexto de violencia en la entidad.
Sin embargo, es necesario señalar que la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, a pesar de reconocer la violencia feminicida, no reglamenta adecuadamente a la Alerta de Género, como un mecanismo de protección colectiva, pues únicamente se remite al mecanismo previsto en la Ley General y su reglamento, el cual en la práctica ha demostrado su inefectividad, por contener una serie de candados que han impedido su implementación.
Hasta la fecha, la sociedad civil ha solicitado de manera formal la aplicación de este mecanismo en cuatro ocasiones, sin embargo, todas ellas han sido negadas por la falta de voluntad política de las autoridades y por los obstáculos impuestos mediante el propio reglamento, lo cual ha desembocado en que actualmente la Declaratoria de Alerta de Género sea vista por las autoridades como un golpe político o un castigo a las autoridades, quienes prefieren ocultar la problemática en lugar de generar acciones efectivas de coordinación para su erradicación.
Ante ello, pidieron al Poder Ejecutivo y Legislativo del estado de Hidalgo y en particular, a la Procuraduría General de Justicia el esclarecimiento de los asesinatos de mujeres en la entidad, a fin de que se conozcan con claridad los motivos y causas que llevaron a la comisión de los delitos y se identifique a los responsables.
La presentación de un informe detallado sobre las investigaciones que se han realizado y los elementos de prueba que existen para conocer la verdad de los hechos, acreditar el delito y la responsabilidad de los agresores.
Presenten una iniciativa de reforma legal, con el carácter de urgente, a fin de que se reconozca el tipo penal de feminicidio como un delito autónomo, que contenga elementos objetivos para su acreditación, de acuerdo con el tipo penal federal de feminicidio, en cumplimiento de las recomendaciones del comité CEDAW.
Esclarezcan los casos de las mujeres desaparecidas en la entidad, de forma que se conozca con claridad sus características y situación en que se encuentran, precisando, entre otras cosas, su edad y si se han encontrado o no con vida.
Establezca un mecanismo ágil de investigación de desapariciones, que coordine a las autoridades estatales y municipales y a éstas con las federales, mediante protocolos de búsqueda adecuados.
Proporcione la información referente a las mujeres desaparecidas durante el 2012, con indicadores desagregados que permitan evaluar la magnitud del fenómeno y expida un protocolo de investigación con perspectiva de género del feminicidio, con el objetivo de garantizar la debida diligencia en la investigación, de las autoridades procuradoras de justicia.
Además de que presente iniciativa de reforma a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, a fin de que se contemple el mecanismo de alerta de género y el procedimiento para su declaratoria que sea sencillo, rápido, efectivo, objetivo e imparcial.
Pidieron a la Secretaría de Gobernación que publique la propuesta de reforma al reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, realizada por integrantes del sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
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