viernes, 9 de diciembre de 2011

#MariselaEscobedo Un año y siempre - @LaJornada #niunamás #bastadesangre #feminicidio #Chihuahua #MX #MéxicoRojo #campoalgodonero


Víctor M. Quintana S.
La Jornada

La placa colocada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua reza claramente: “Aquí cayó asesinada el 16 de diciembre de 2010 Marisela Escobedo, por denunciar el feminicidio de su hija Rubí”. Placa que había sido quitada una y otra vez cuando las organizaciones sociales chihuahuenses la mandaban a hacer en latón, en acrílico, en papel adhesivo, pero que se quedó fija, en cantera, desde que Javier Sicilia, en nombre de muchos del México doliente e indignado, la plantó, frente a la puerta principal del palacio, el 9 de junio pasado.
Ahí en la banqueta, yace la memoria de piedra de Marisela, de Rubí, de todas las víctimas de tantos feminicidios en Juárez, en Chihuahua, en México entero. Pero la memoria no es para enterrarse ni para que se quede fijada, así sea frente al centro del poder. La memoria se siembra, se cultiva, se abona para que germine, crezca y dé los frutos que siempre demandaron, imaginaron, soñaron aquellas y aquellos que ahora conmemoramos.
Por eso este 16 de diciembre las organizaciones de derechos humanos, de mujeres, sociales, gremiales, de Chihuahua, van a renovar la memoria de Marisela Escobedo, de su hija Rubí y de los miles de mujeres víctimas del feminicidio, con la instalación de un tribunal de conciencia y varios otros actos públicos. Su principal objetivo es alimentar la memoria histórica, no permitir que el olvido o la costumbre erosionen ni los feminicidios ni las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos; crear y recrear símbolos, y con ellos desarrollar una pedagogía ciudadana a favor de la justicia y en contra de la impunidad.
Porque la justicia está muy lejos de completarse tan sólo en lo que se refiere al caso de Marisela: ni siquiera se ha comenzado por aclarar suficientemente todo el proceso seguido a Sergio Barraza, presunto asesino de Rubí. Mucho menos se ha esclarecido el artero homicidio de Marisela. Y Juan Manuel, hijo de ella, gravemente amenazado en México, sigue viviendo a salto de mata en Estados Unidos, sin ninguna protección del consulado mexicano en El Paso, mientras que su abogado, Carlos Spector, tramita su asilo en aquel país.
La impunidad es lo que ha permitido que los 29 feminicidios que se comenzaron a denunciar en 1993 se hayan convertido hasta finales de noviembre en 339. (datos de Justicia para Nuestras Hijas) Es lo que ha provocado que se multipliquen las desapariciones forzadas, sobre todo de muchachas. Es también la impunidad que busca reproducirse lo que posibilita que se haya asesinado en Chihuahua, además de Marisela, a otras defensoras de los derechos humanos como Susana Chávez (ultimada en enero de este año), a Josefina Reyes, a Paz Rodríguez, y que el pasado fin de semana se haya atentado contra la vida de Norma Andrade.
Por eso el tribunal de conciencia. Porque por más que se ha apelado a las leyes, han sido torcidas por el poder o interpretadas al antojo de éste. Porque, como se ha demostrado en el caso de Rubí, los prejuicios sexistas comienzan desde que se llega a denunciar a la barandilla. Porque incluso cuando se ha acudido a instancias internacionales, como es el ya célebre caso del Campo Algodonero, el Estado mexicano opera con la máxima mezquindad para cumplir el mínimo de la letra de la resolución, así se traicione al espíritu de ésta. Porque el tribunal puede demostrar que la tan promovida cultura de la legalidad del gobierno es hueca, pues se desentiende de los valores que fundan y deben orientar la aplicación de la ley.
Nadie podrá decir que el tribunal es un acto revanchista, nadie podrá alegar objetivos políticos o de ataque. No se trata de generar una nueva correlación de fuerzas políticas, ni de medirlas con nadie. El tribunal es un acto fundamentalmente ético que va a lo más profundo de lo que debe ser la política, a la conciencia de quienes la practican.
El tribunal del próximo día 16 también se concibe como un acto de pedagogía ciudadana. Porque no sólo en los tres órdenes de gobierno campea la cultura sexista y violenta. Hay también crisis de conciencia en amplios segmentos de la sociedad. De quienes en su interior han naturalizado los feminicidios. De quienes los ven como bajas inevitables en este proceso, con más retrocesos que avances, de modernización capitalista, de individualismo consumista, hedonista hasta el extremo, sexista en muchas expresiones. De quienes venden la violencia de género como espectáculo. De quienes no entienden o no entendemos que la violencia que mata ya está en germen en el golpe verbal, en la actitud sometedora.
Hace un año, cientos de personas anónimas rompieron su rutina navideña para venir a colocar y encender una vela en el lugar donde cayó Marisela. El tribunal y los actos del próximo viernes buscan que las velas sigan encendidas siempre, sobre todo en las conciencias.

Informe #UE: Los #crímenes de San Juan #Copala, puras disculpas - @revistaproceso #bettycariño

Marco Appel
2 de diciembre de 2011

BRUSELAS (apro).- “Los cambios no se dan de la noche a la mañana, y un nuevo partido llegó al poder en Oaxaca después de 70 años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo, la desarticulación entre el nivel federal y el estatal, la coexistencia de sistemas judiciales distintos y los pobres estándares existentes en materia de investigación continúan obstaculizando que haya progresos significativos, a pesar de los esfuerzos del gobierno” de Gabino Cué, para esclarecer el asesinato de los activistas Jyri Jaakkola y Bety Cariño, ocurridos el 27 de abril de 2010 en San Juan Copala.
En esos términos expresan sus conclusiones las eurodiputadas Satu Hassi, de Finlandia, y Franziska Keller, de Alemania, tras un viaje oficial que realizaron a la Ciudad de México y Oaxaca del 1 al 7 de septiembre pasados, con la finalidad de conocer el estado de las averiguaciones en torno al homicidio del ciudadano finlandés Jaakkola.
“Hemos escuchado repetidamente a las autoridades explicar que su falta de avances en la investigación del caso se debe a problemas de organización y administrativos. No obstante, esas mismas explicaciones ya las escuchamos hace un año y varias veces nos han prometido que resolverían esos problemas”, señalan las eurodiputadas. Y añaden: “Tememos que sin voluntad política para deslindar responsabilidades, prevalecerá la impunidad. Una y otra vez, la gente siente que la credibilidad del Estado mexicano está en juego”. Tales afirmaciones están contenidas en un reporte que debían presentar Hassi y Keller este jueves 8 ante el Parlamento Europeo, lo cual no será posible, debido a que su presentación fue pospuesta para el año entrante.
Ese reporte –del cual Apro tiene copia– explica que ellas decidieron visitar nuevamente el país motivadas por la falta de resultados en las pesquisas que lleven ante la justicia a los asesinos de Jaakkola y Cariño, quienes fueron acribillados en una emboscada perpetrada por presuntos paramilitares de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).
Ambas eurodiputadas viajaron a los mismos destinos de México del 30 de junio al 4 de julio de 2010. En aquella ocasión ningún funcionario del gobierno de Ulises Ruiz quiso recibirlas alegando que no tenían tiempo porque las elecciones locales celebradas el 4 de julio los absorbían.
En agosto y septiembre de 2010 también viajaron a México los padres de Jyri, Eeva-Leena y Raimo Jaakkola, quienes regresaron más recientemente en febrero de 2011. La eurodiputada Hassi viajó sola a México en diciembre de 2010, y en mayo pasado una delegación del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo también realizó una vista, que incluía en su agenda el caso de Jaakkola.
Como lo informó esta agencia en su momento, el 12 de julio Keller presentó en el Parlamento Europeo el reporte de ese primer viaje con Hassi.
Reportó que la situación en San Juan Copala era “terriblemente mala” en materia de derechos humanos, aunque los representantes del gobierno federal con los que se reunieron les aseguraron, dice, que no existía ninguna situación de emergencia.
En su conclusión final, la eurodiputada alemana sostiene: “Aunque el gobierno mexicano se presenta sensible y comprometido con los derechos humanos, y ha firmado todos los acuerdos pertinentes más importantes de la Organización de las Naciones Unidas, falta que los implemente”.

Pesimismo
Las eurodiputadas se reunieron en México con autoridades federales y del estado de Oaxaca; sostuvieron un encuentro “de alto nivel” con Jon Izaguirre, oficial de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, y se entrevistaron con testigos de la emboscada en que murieron Jaakkola y Cariño, con víctimas de la violencia en la zona y representantes de organizaciones de derechos humanos.
Las eurodiputadas afirman en su reporte que “muchos de sus interlocutores” consideran que la resolución de ese doble asesinato representa una prueba para terminar con la impunidad en el estado. A este respecto, agregan, “la identificación y castigo de los homicidas son puntos fundamentales para restaurar la normalidad en Oaxaca”.
El escrito denuncia que en México “existe una confusa división de competencias entre el poder federal y el estatal”. Expone que el caso de Jaakkola fue atraído nuevamente al ámbito estatal, aunque señala, en tono incrédulo, que la cuestión de la protección de las víctimas es una responsabilidad federal.
Refiere que “Rufino Juárez, el líder de Ubisort, un grupo paramilitar activo en la región de San Juan Copala, y presuntamente detrás del cerco a esa comunidad en el momento del ataque a la caravana de paz donde viajaba Jyri, fue arrestado en mayo último”.
Las eurodiputadas precisan que la detención de Juárez se dio justo unos días antes de la llegada de la misión del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. “Es importante notar –señalan—que Juárez no fue acusado por el asesinato de Jyri y Bety, sino de otros dos crímenes por los cuales se amparó. Uno de esos amparos fue concedido. Muchos nos expresaron sus temores sobre el futuro de ese proceso”. 

Pretextos
El reporte, de 14 páginas, describe a manera de bitácora sus encuentros más significativos. El 3 de septiembre se entrevistaron con el gobernador Gabino Cué.
“Muchos funcionarios y empleados del antiguo gobierno (de Ulises Ruiz) han sobrevivido en el nuevo de Gabino Cué y tienden a obstruir mejoras en materia de transparencia y derechos humanos o medidas anticorrupción”, expone.
“Gabino Cué admitió que no había suficientes progresos en las investigaciones. Él calificó el asesinato como ‘un crimen premeditado’, cuyos autores materiales e intelectuales deben ser encontrados”. 
 Un día antes, el 2 de septiembre, las eurodiputadas se encontraron con un grupo de funcionarios estatales de alto nivel, entre ellos algunos involucrados con los derechos humanos.
Reseña que “el mediador gubernamental de las negociaciones con los triquis, Arturo Peimbert, explicó las raíces del actual conflicto.
Defendió el éxito del gobierno de Oaxaca en llevarles educación y salud a los triquis. Explicó que los responsables del conflicto son los grupos armados y quienes les pagan, y no ve ninguna motivación política en el asesinato de tres triques a comienzos de agosto pasado, que motivó la suspensión del último intento de la comunidad por regresar a San Juan Copala. Para él se trató de una pelea entre borrachos”.
Ese mismo día, pero más tarde, se reunieron con el procurador general de Justicia del estado de Oaxaca, Manuel de Jesús López López. El funcionario les dijo que había “un número de problemas significativos” respecto al caso de Jaakkola y Cariño, ocasionados, en primer lugar, por la falta de protección de los testigos de la emboscada donde murieron, que no permite la obtención de testimonios.
Detalla el reporte: “Discutimos los problemas legales vinculados a la consiguiente implementación de la reforma al sistema mexicano de justicia, que implica la aplicación de diferentes métodos de investigación en diferentes estados”.
El procurador, continúa el reporte, “admitió que los procedimientos de investigación son muy pobres en general en México. El país no tiene especialistas en realizar autopsias, las cuales en general no son efectuadas. Insistentemente los miembros de la oficina del procurador presentes en la junta expresaron el temor de cometer cualquier error en la preparación de un expediente para emitir una orden de arresto, porque eso llevaría a un rechazo del juez para otorgarla”.
Las eurodiputadas concluyen que en el actual escenario mexicano de deterioro del respeto a los derechos humanos, el esclarecimiento de los asesinatos de Jaakkola y Cariño tendría “un impacto más amplio y contribuiría llevar justicia a los pueblos indígenas de Oaxaca”.